En sesión extraordinaria, el Congreso de Baja California aprobó un paquete de reformas al marco legal en materia de seguridad, impulsado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, mediante modificaciones a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana, la Ley Sobre Desaparición y Búsqueda de Personas y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
El objetivo central de estas reformas es armonizar la legislación estatal con el Decreto publicado el 16 de julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, lo que permite actualizar la normativa local y asegurar mayor coherencia, coordinación y eficacia en las políticas de seguridad pública.
El paquete legal aprobado busca empatar competencias y fortalecer los mecanismos de coordinación entre las distintas instituciones, así como mejorar la reacción inmediata ante delitos de alto impacto, como la desaparición forzada, y consolidar estrategias interinstitucionales que atiendan tanto los delitos como los factores que los generan.
Entre las disposiciones se incluyen obligaciones para compartir y actualizar información, la regulación de centros de comando y control, la creación de instancias de coordinación entre entidades estatales y municipios, además de políticas de acreditación y certificación para corporaciones de seguridad y su personal.
Asimismo, se establece la conformación de unidades de investigación diferenciadas de acuerdo con su función, con el propósito de fortalecer la especialización, la capacidad operativa y la eficacia en los procesos de investigación y procuración de justicia.
Este nuevo marco legislativo responde de manera directa a los lineamientos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual prioriza la atención a las causas de la violencia, el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, la consolidación de la Guardia Nacional y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
