Congreso de BC aprueba sanciones de hasta 8 años de prisión por ataques de animales
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La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal de Baja California para tipificar el homicidio y las lesiones causadas por ataques de animales bajo responsabilidad humana, cuando estos ocurran por acción directa o por descuido del propietario o garante del animal.

El dictamen contempla que si un ataque provoca la muerte de una persona, se impondrá una pena de cuatro a ocho años de prisión. La disposición aplica en casos donde el animal sea azuzado, soltado deliberadamente o cuando se omita el deber de cuidado. La propuesta fue impulsada por la ciudadana Ana Lidia Soto Romero, quien expuso sus argumentos durante la sesión junto con otras diputaciones.

El diputado Juan Manuel Molina señaló que esta primera etapa busca definir con claridad el tipo penal para evitar impugnaciones, y posteriormente avanzar en agravantes y sanciones más específicas. Enfatizó que la reforma sanciona directamente las conductas humanas relacionadas con los ataques caninos.

En la misma sesión, se aprobó una reforma a la Ley de Participación Ciudadana del Estado, propuesta por la diputada Araceli Geraldo, que permite a las personas que presenten iniciativas ciudadanas participar en la discusión de los proyectos legislativos. Asimismo, la diputada Michel Sánchez impulsó una iniciativa para que el Congreso publique en su portal oficial información y acceso a las iniciativas ciudadanas ingresadas.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda envió un proyecto de reforma constitucional para armonizar la legislación local con el decreto federal sobre simplificación orgánica, que contempla la desaparición del ITAIP BC y el traslado de sus funciones a órganos de contraloría.

También se aprobaron reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, presentadas por los diputados Diego Echeverría y Juan Manuel Molina, para desclasificar información reservada bajo criterios definidos y obligar al Poder Judicial a publicar versiones públicas de todas sus sentencias.