En sesión de Pleno, diputadas y diputados de la XXV Legislatura aprobaron dos reformas constitucionales enviadas por el Congreso de la Unión. Los cambios se enfocan en endurecer el marco jurídico contra la extorsión y en otorgar al Senado y a la Comisión Permanente la facultad de ratificar los nombramientos de mandos superiores de la Guardia Nacional.
La primera de las Minutas plantea modificar el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Federal. Con esta reforma, el Congreso de la Unión quedaría facultado para expedir una Ley General en materia de Extorsión que defina con claridad el tipo penal, las agravantes, delitos vinculados y sanciones aplicables, con miras a reforzar la prevención, investigación y sanción de este delito.
De acuerdo con el dictamen, la extorsión es un crimen de alto impacto que no solo afecta directamente a las víctimas, sino que también daña la economía, la estabilidad social y la salud emocional de quienes lo padecen. Con una ley general se busca eliminar vacíos legales y evitar contradicciones que compliquen la labor de las autoridades.
La segunda Minuta aprobada reforma los artículos 76 y 78 de la Constitución Federal. En ella se incorpora lenguaje incluyente y se establece que el Senado y la Comisión Permanente tengan la atribución de ratificar los nombramientos de los jefes superiores de la Guardia Nacional que sean designados por la Presidencia de la República.
Ambas propuestas fueron presentadas al Pleno a través de la Junta de Coordinación Política, con la conducción del diputado presidente Juan Manuel Molina García, quien subrayó la importancia de estas reformas para robustecer el marco constitucional en materia de seguridad y justicia.
Con esta aprobación, el Congreso de Baja California se suma al proceso de validación de reformas constitucionales, que requiere el respaldo de una mayoría de legislaturas estatales para concretarse a nivel nacional.