El Pleno de la XXV Legislatura del Congreso de Baja California aprobó por unanimidad la incorporación de la revocación de mandato en la Constitución local, una medida que permitirá a la ciudadanía evaluar y, en su caso, remover mediante voto popular a quien encabeza el Poder Ejecutivo estatal.
La reforma, impulsada por el diputado Juan Manuel Molina García junto con las diputadas Alejandrina Corral Quintero y Daylín García Ruvalcaba, modifica los artículos 5, 12, 18, 27, 44 y 46 de la Constitución. Molina destacó que este cambio responde a una demanda social de mayor control democrático y fortalece el marco constitucional de la entidad.
“El objetivo es garantizar que la ciudadanía no solo participe el día de la elección, sino que tenga la herramienta legal para evaluar el desempeño del gobierno a mitad del mandato”, señaló el legislador morenista, quien consideró que la figura consolida la transparencia y la rendición de cuentas.
De acuerdo con la reforma, el proceso podrá ser convocado por el Instituto Estatal Electoral (IEE) a petición ciudadana, siempre que se reúna al menos el 10% de firmas de la lista nominal, distribuidas en la mitad más uno de los municipios del estado. El IEE tendrá 30 días hábiles para verificar el requisito y emitir la convocatoria.
La solicitud solo podrá presentarse una vez por periodo constitucional, dentro de los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año de gobierno. La jornada de votación se llevará a cabo el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria, en una fecha distinta a los procesos electorales ordinarios.
Para que la revocación sea válida, deberá participar al menos el 40% de las personas inscritas en el listado nominal, y la mayoría absoluta deberá votar a favor. El IEE será el encargado de organizar, desarrollar, computar los votos y emitir la declaratoria correspondiente, con posibilidad de impugnación ante el Tribunal de Justicia Electoral del Estado.
Durante el proceso, quedará prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas o promoción del ejercicio. La difusión será realizada únicamente por el IEE con fines informativos, objetivos e imparciales, y se suspenderá la propaganda gubernamental estatal y municipal, salvo en temas de educación, salud y protección civil.
Finalmente, el Congreso del Estado deberá emitir la Ley Reglamentaria para garantizar la operatividad y legalidad del nuevo mecanismo. Molina reiteró que esta reforma es “un avance histórico para que las y los bajacalifornianos tengan en sus manos la decisión sobre la permanencia de sus gobernantes”.