La XXV Legislatura del Congreso del Estado aprobó por unanimidad una reforma que introduce la figura del testigo social como mecanismo de participación ciudadana en procesos de contratación de obras y servicios relacionados.
La propuesta fue presentada por el diputado Ramón Vázquez Valadez y dictaminada por la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación, Infraestructura, Movilidad, Comunicaciones y Transportes. La reforma modifica el artículo 4 y adiciona los artículos 33 Bis y 33 Ter de la Ley de Obras Públicas estatal.
De acuerdo con lo aprobado, el testigo social podrá ser una persona física o moral inscrita en el padrón público administrado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con acreditación técnica en materia de obra pública.
Durante los procesos de contratación, se requerirá la presencia del testigo social con derecho a voz, cuya función será supervisar y evaluar que las decisiones se desarrollen conforme a criterios de legalidad, imparcialidad y transparencia.
El legislador sostuvo que “en los últimos 20 años, gobiernos de distintas partes del mundo han adoptado medidas para fortalecer la rendición de cuentas. Esta reforma coloca a Baja California en sintonía con ese esfuerzo global”.
Ramón Vázquez también enfatizó que “la ciudadanía debe tener un asiento en la mesa cuando se trata del uso de recursos públicos. Esta figura permite que las contrataciones se realicen bajo escrutinio ético y técnico”.
Entre las atribuciones definidas se encuentran: observar los procedimientos, sugerir mejoras, reportar anomalías, dar seguimiento a recomendaciones y elaborar un informe final que detalle las observaciones realizadas durante el proceso de contratación.
Con este cambio legislativo, la norma local se alinea a compromisos internacionales asumidos por México, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Alianza para el Gobierno Abierto.