La séptima regidora del Ayuntamiento de La Paz, María del Carmen Aguilar Mendoza, desató una intensa polémica tras ser fotografiada portando una camiseta con una imagen alusiva al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera durante eventos oficiales.
Las imágenes, compartidas por la propia funcionaria en sus redes sociales el pasado 11 de julio, han cobrado notoriedad en los últimos días, generando un debate sobre una posible apología del delito y provocando que en redes sociales se le apode la “Chapo-regidora”.
La regidora, afiliada al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), fue vista con la prenda en al menos dos actos de índole institucional: una reunión de trabajo con ciudadanos en la Sala de Cabildo del Ayuntamiento y posteriormente durante jornadas comunitarias.
La camiseta en cuestión, de color negro, muestra una caricatura de “El Chapo” Guzmán parodiando al personaje de videojuegos Mario Bros, con la leyenda “Super Chapo Bros”. El diseño evoca una de las fotografías más conocidas del exlíder del Cártel de Sinaloa, capturada durante una de sus detenciones.
La acción de la funcionaria ha sido duramente criticada por ciudadanos y analistas, quienes cuestionan la idoneidad de que una servidora pública utilice la imagen de un criminal sentenciado por delitos de narcotráfico, delincuencia organizada y homicidio, en el desempeño de sus funciones.
El debate ha escalado al plano legal, donde expertos señalan que el hecho podría encuadrarse en el delito de apología, tipificado en el artículo 208 del Código Penal Federal.
Dicho artículo sanciona a quien “provoque públicamente a cometer un delito, o haga apología de éste”, estableciendo penas que van de diez a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad. El código penal de Baja California Sur contempla sanciones similares en su artículo 176.
Hasta el momento, ni la regidora Aguilar Mendoza ni el XVIII Ayuntamiento de La Paz han emitido una declaración oficial respecto a la controversia.
Mientras tanto, las fotografías continúan circulando ampliamente en plataformas digitales, alimentando la discusión sobre los límites de la libertad de expresión para los funcionarios públicos y la normalización de figuras delictivas en la cultura popular.