CCE de Tijuana exige revisar uso del ISN antes de cancelar el Fidem
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El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana se pronunciará este viernes sobre la reciente decisión del gobierno de Baja California de cancelar el Fideicomiso Empresarial (Fidem).

Roberto Lyle Fritch, presidente del organismo, señaló que antes de tomar esta medida, la administración estatal debe revisar en qué se está invirtiendo actualmente el recurso obtenido del Impuesto Sobre la Nómina (ISN).

Lyle Fritch destacó que Baja California mantiene la tasa de ISN más alta del país, lo que ha afectado la competitividad del estado. “Primero tienes que analizar por qué la tasa de impuesto tiene un 70% más elevada que el resto del país, el cual está restando mucha competitividad a Baja California. Se han perdido más de 2 mil 400 empresas”, advirtió.

El empresario explicó que del total recaudado por el ISN, el 5% se regresaba a los empresarios a través del Fidem, un fideicomiso que permitía la ejecución de proyectos locales en los siete municipios del estado. Este porcentaje representa aproximadamente 180 millones de pesos anuales que eran gestionados por el sector empresarial para impulsar obras de desarrollo urbano y social.

Gracias al Fidem, subrayó Lyle Fritch, se han concretado obras emblemáticas para Tijuana como el Centro de Convenciones, el Parque Esperanto y el Museo del Trompo, proyectos que han contribuido al fortalecimiento del tejido urbano y cultural de la ciudad.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo, justificó la cancelación del fideicomiso argumentando que los recursos serán redirigidos a infraestructura educativa. Sin embargo, el sector empresarial considera que eliminar el Fidem sin un análisis previo del uso del ISN representa un retroceso en la participación conjunta entre gobierno y empresarios.

El posicionamiento formal del CCE se dará a conocer luego de la reunión prevista para este viernes, en la que participarán diversos organismos empresariales. El sector busca que se mantenga el diálogo abierto con la autoridad estatal para garantizar una administración eficiente, equitativa y transparente de los recursos públicos.