El Gobierno de Baja California participó en la reciente Sesión de Trabajo de la Agenda Nacional de Derechos Humanos, realizada en la Ciudad de México, en un esfuerzo conjunto con autoridades federales. La Subsecretaria de Derechos Humanos del Estado, Melba Adriana Olvera Rodríguez, asistió en representación del Secretario General de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas.
El encuentro fue convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, y presidido por la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez. En la jornada se abordaron temas vinculados a la protección de garantías fundamentales en todo el territorio nacional.
Se revisaron los avances reportados por las 32 entidades federativas en materia de derechos humanos y se discutieron propuestas para la construcción del Programa Nacional de Derechos Humanos, con enfoque en la coordinación entre instancias locales y federales.
Uno de los puntos principales fue la atención a personas desaparecidas. También se abordó la protección a defensores de derechos humanos, periodistas, y el fortalecimiento de mecanismos que garanticen la libertad de expresión en el país.
Durante la jornada, la funcionaria de Baja California sostuvo reuniones con el Director de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Comisionada Nacional de Búsqueda y la Directora del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Las reuniones permitieron fortalecer vínculos de colaboración entre autoridades estatales y federales. Se intercambiaron estrategias para mejorar la coordinación interinstitucional y avanzar en la atención a víctimas y la prevención de violaciones a derechos fundamentales.
La participación de Baja California respondió a la política establecida por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien ha señalado que los derechos humanos deben ser eje de las decisiones gubernamentales. La representación estatal reiteró el compromiso con esa línea de acción.
Con esta intervención, el Gobierno del Estado buscó posicionar a Baja California como una entidad activa en la implementación de políticas nacionales enfocadas en la protección de los derechos de todas las personas, desde un enfoque de colaboración federal-local.
