El Pleno de la XXV Legislatura del Congreso del Estado aprobó la reforma al artículo 317 TER del Código Penal, incorporando la figura jurídica de “halconeo” con penas de hasta ocho años de prisión.
La iniciativa fue presentada por la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y complementada por el diputado Jorge Ramos Hernández. La Comisión de Justicia dictaminó favorablemente ambas propuestas, dando lugar al Dictamen No. 10.
Con la reforma, se establecen penas de tres a ocho años, además de multas y reparación del daño, para quienes vigilen o interfieran sistemas de videovigilancia pública sin autorización legal con fines delictivos.
Se contemplan agravantes que podrían aumentar la pena hasta en una mitad, incluyendo el uso de menores, participación de servidores públicos o vehículos que simulen ser oficiales. También se sanciona la posesión de equipos que interfieran comunicaciones oficiales.
La norma excluye expresamente como delito la instalación de cámaras en domicilios, negocios o industrias dentro de los límites de propiedad, siempre que no interfieran sistemas públicos, garantizando el respeto a la privacidad y derechos humanos.