El Congreso de Baja California aprobó modificaciones al Código Penal que eliminan el cobro de arrastre, maniobra y resguardo a propietarios de automóviles robados y posteriormente recuperados por autoridades competentes.
La propuesta fue presentada por el diputado Diego Echevarría Ibarra, quien señaló que las víctimas enfrentaban una doble afectación: el robo de su unidad y la obligación de pagar hasta 10 mil pesos por liberarla.
Baja California ocupa el segundo lugar nacional en robo de vehículos. En mayo de 2025 se documentaron 83 incidentes sin violencia, aunque en aproximadamente 55 por ciento de los casos sí hubo agresión durante el hecho.
El dictamen de la Comisión de Justicia establece que, para acceder al beneficio, la persona afectada deberá presentar constancia de denuncia dentro de las primeras 72 horas y documentos de liberación del vehículo.
Echevarría argumentó que los cobros eran contrarios a principios de legalidad, pues no derivaban de una infracción cometida por la víctima. Explicó que la medida atiende una injusticia estructural en la recuperación vehicular.
La reforma también evidenció falta de uniformidad en disposiciones municipales. En Tijuana se exige denunciar en las primeras 24 horas; en Mexicali y Rosarito no hay plazo, mientras en Tecate y Ensenada no existe normativa.
Durante la discusión se presentó una reserva del diputado Diego Lara, con la finalidad de que los ayuntamientos incluyan la exención en sus leyes de ingresos para evitar contradicciones y garantizar la aplicación.
La aprobación busca reducir la carga económica sobre personas afectadas y uniformar criterios legales, por lo que el Congreso exhortó a los municipios a actualizar sus ordenamientos de ingresos para armonizar la reforma aprobada a nivel estatal.