El allanamiento registrado en el fraccionamiento Chapultepec encendió nuevamente las alertas sobre el verdadero estado de la seguridad en Tijuana, luego de que el diputado local Jorge Ramos advirtiera que el caso podría involucrar a personas con apariencia de elementos de corporaciones de seguridad, hechos que señaló deben verse como posibles fallas estructurales en las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía.
Durante la conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso del Estado y exalcalde de Tijuana entre 2007 y 2010, subrayó que testimonios vecinales apuntan a la participación de sujetos uniformados, lo que revive escenarios que la ciudad ya vivió en etapas marcadas por la colusión entre crimen organizado y cuerpos de seguridad. Por lo que, de no atenderse, advirtió, estos hechos podrían convertirse en el preludio de un retroceso histórico.
El legislador reconoció que existen indicadores oficiales que apuntan a una disminución en algunos delitos de alto impacto; no obstante, cuestionado por NDT Noticias sobre la narrativa de éxito en materia de seguridad, contrastada con los señalamientos de una posible infiltración del crimen organizado en las corporaciones policiales, Ramos fue enfático:
“Son fregaderas que alguien que está uniformado se meta a ultrajar, a violentar y a afectar a una familia, independientemente de si los hechos ocurren en Chapultepec o en una colonia popular”, señaló.
En ese contexto, subrayó que la gravedad radica en que quien tenía la obligación de cuidar a la ciudadanía estaría utilizando armas, equipo e información pagados con recursos públicos para delinquir.
El caso, ocurrido en una de las zonas económicamente mejor posicionadas de Tijuana, deja una reflexión incómoda: si este tipo de eventos puede presentarse en fraccionamientos con alta vigilancia y visibilidad, ¿qué puede estar pasando —o qué podría pasar— en colonias que históricamente enfrentan mayor abandono institucional y menor capacidad de denuncia?
Como respuesta, Jorge Ramos anunció la presentación de un exhorto para que los tres órdenes de gobierno implementen un programa permanente de depuración policiaca, además de una iniciativa para crear una fiscalía especializada en delitos cometidos por servidores públicos de seguridad. El objetivo, aseguró, es pasar de una actuación reactiva a una investigación oficiosa y sistemática.
No obstante, la propuesta abre interrogantes legítimas. La creación de una nueva fiscalía podría derivar en duplicidad de funciones con instancias como la sindicatura, que ya tiene atribuciones para revisar la actuación de elementos municipales. En un escenario donde el problema no siempre es la falta de leyes, sino su aplicación, queda la duda de cuántas de estas iniciativas lograrán materializarse más allá del discurso legislativo.
El allanamiento en Chapultepec no es, como insistió el diputado, un hecho aislado. Es una advertencia sobre los riesgos de normalizar la violencia cuando proviene de quienes deberían garantizar la seguridad. Ignorarla, concluyó, podría llevar a la ciudad a repetir episodios que Tijuana conoce demasiado bien y que nadie quiere volver a vivir.
