Informes de la DEA y cifras oficiales del gobierno de Estados Unidos señalan que el volumen de cruces a través de los puertos fronterizos de California y Texas ha facilitado el cohecho entre agentes de seguridad.
De acuerdo con registros de las autoridades estadounidenses, en 2024 ingresaron 14 millones 829 mil 472 vehículos por San Ysidro, mientras que 7 millones 544 mil 927 lo hicieron a través de El Paso, Texas.
Según expedientes del Departamento de Justicia, en ambas fronteras son al menos 15 funcionarios procesados entre enero del 2024 y agosto del 2025 por la aceptación de sobornos y la facilitación en la internación ilegal de personas y de narcóticos.
En 2024, el inspector Leonard Darnell George recibió una pena de 23 años de prisión por permitir cruces de vehículos con metanfetamina e indocumentados en San Ysidro. También, el agente de la Patrulla Fronteriza (USBP), Fernando Castillo, recibió 18 meses por solicitar sobornos a cambio de documentación migratoria falsa en El Paso.
Sin embargo, estos no fueron los únicos casos, pues ese mismo año, el exagente de la DEA Joseph Bongiovanni fue encontrado culpable por los delitos de conspiración, obstrucción de la justicia y falsedad, vinculadas con la protección de narcotraficantes para el tráfico de sustancias.
Pese a estos casos, los informes detallan que durante el 2025 el número de casos de funcionarios coludidos con el crimen ha aumentado, pues se tienen contabilizados al menos 6 casos hasta el mes de agosto.
En California, tres oficiales del CBP en San Ysidro fueron acusados de permitir ingresos coordinados con traficantes sin inspección previa a cambio de depósitos bancarios en efectivo.
Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) estiman que más del 80% de los narcóticos que entran al vecino país cruzan por puestos fronterizos con participación directa de oficiales estadounidenses.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) calcula que menos del 3% de la cocaína que ingresa por puertos de entrada es asegurada, lo que evidencia que la corrupción facilita gran parte del contrabando, pese a los esfuerzos del gobierno de EEUU por acabar con el trasiego de sustancias.
