La agresión registrada en video contra un joven de 22 años por parte de un agente de la Policía Municipal de Tijuana volvió a poner en el centro del debate público la necesidad de contar con mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas dentro de la corporación. El hecho, ocurrido el pasado 9 de febrero en la colonia Divina Providencia, generó indignación social y evidenció vacíos en la supervisión de las actuaciones policiales.
Más allá del caso específico, familiares de la víctima y organizaciones civiles han señalado que este tipo de incidentes debilitan la confianza ciudadana y reflejan la urgencia de contar con herramientas que permitan esclarecer los hechos de manera objetiva. La ausencia de registros oficiales en tiempo real deja a las víctimas en una situación de vulnerabilidad y abre espacio a versiones encontradas sobre el uso legítimo o excesivo de la fuerza.
En ese contexto, el Gobierno Municipal sigue trabajando en la implementación de cámaras corporales en la Policía Municipal, una medida que ya se había planteado pero que no se había consolidado de manera integral en toda la corporación. La falta de una aplicación total y sistemática de esta tecnología ha sido señalada como una de las principales debilidades en los procesos de supervisión interna.
El presidente municipal, Ismael Burgueño Ruiz, destacó que la incorporación de cámaras corporales permitirá documentar cada actuación policial en campo, fortaleciendo la transparencia y la correcta aplicación de los protocolos. Subrayó que, tras la reforma reglamentaria en materia de seguridad, el uso de estos dispositivos es obligatorio y representa un paso clave hacia una policía más vigilada y profesional.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, José Alejandro Avilés Amezcua, explicó que la tecnología permitirá transmisión en tiempo real, geolocalización del agente y respaldo operativo inmediato, lo que no solo protege a la ciudadanía, sino también a los propios elementos ante señalamientos infundados.
Las autoridades informaron que actualmente se desarrolla un proceso de capacitación escalonado para el uso correcto de las cámaras, con grupos de 30 a 40 oficiales por día. No obstante, el reciente caso de agresión deja en evidencia que la implementación tardía de estas herramientas ha tenido un costo social, reforzando la exigencia ciudadana de que la tecnología no solo se anuncie, sino que se aplique de forma efectiva y permanente en toda la corporación.
