El Gobierno de Baja California informó que aún no cuenta con detalles sobre el futuro de la licitación para la construcción de la planta desaladora de Playas de Rosarito, luego de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) declarara desierto por segunda ocasión consecutiva el concurso para desarrollar la obra.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda señaló que sostendrá una reunión la próxima semana con autoridades de Conagua, acompañada por el secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa), Víctor Daniel Amador Barragán, con el objetivo de conocer los siguientes pasos del proyecto. Indicó que desde enero se han realizado ajustes al proceso debido a la complejidad técnica y financiera de la obra.
Por su parte, Amador Barragán explicó que la dependencia estatal se mantiene a la espera de información oficial por parte de la federación y confirmó que actualmente se trabaja en posibles modificaciones al proyecto. Agregó que durante la licitación existieron diferencias importantes entre las propuestas presentadas por los distintos participantes, tanto en aspectos técnicos como económicos.
La segunda licitación fue declarada desierta el pasado 4 de junio después de que ninguna de las ofertas cumpliera con los requisitos establecidos por Conagua. En el concurso participaron siete consorcios, entre ellos uno integrado por Zitum Desarrolladores, empresa que fue sancionada en 2025 por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Sobre este caso, el titular de Seproa precisó que las evaluaciones legales y administrativas corresponden exclusivamente a la autoridad federal.
Marina del Pilar recordó que la continuidad del proyecto ha enfrentado diversos obstáculos desde su origen como Asociación Público-Privada durante la administración del exgobernador Francisco Vega de Lamadrid. Entre ellos destacó el litigio promovido por el consorcio Aguas de Rosarito S.A.P.I., que demandó al Gobierno del Estado por 51 millones de dólares tras la cancelación del contrato ordenada por el entonces gobernador Jaime Bonilla Valdez.
La mandataria estatal subrayó que el Gobierno Federal intervino para rescatar el proyecto, incluyendo la adquisición en 2023 del terreno propiedad de NSC Agua, subsidiaria de Consolidated Water, así como la documentación necesaria para continuar con la desaladora. “Ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo”, afirmó, al señalar que Baja California mantiene interés en concretar una obra considerada estratégica para garantizar el abasto de agua en la región.
