Ángel Ramírez / mx.aramirez@gmail.com
Presidente del organismo destaca la importancia de verificar documentos oficiales y vigilar procesos judiciales relacionados con la prescripción de inmuebles
El presidente del Colegio de Notarios de Baja California, licenciado Tobías Duarte, afirmó que la prevención de los fraudes inmobiliarios depende de la coordinación entre notarios, autoridades gubernamentales y el Poder Judicial, además del uso adecuado de herramientas tecnológicas que permitan autenticar la documentación utilizada en las operaciones de compraventa.
Durante su participación en Grupo 21, explicó que gran parte de la documentación indispensable para concretar una operación inmobiliaria es emitida por dependencias gubernamentales, como catastros municipales, el Registro Público de la Propiedad y las áreas de recaudación, por lo que resulta indispensable confiar en que dichas instituciones realizan correctamente sus funciones.
Señaló que el avance tecnológico ha permitido que personas dedicadas al fraude elaboren documentos apócrifos cada vez más sofisticados. Sin embargo, destacó que las mismas herramientas digitales también facilitan detectar irregularidades antes de formalizar una operación. “Hay tecnología como firmas electrónicas y códigos QR donde toda la documentación se puede revisar previamente a una operación y saber con certeza que ese documento es válido y verdadero”, expresó.
Respecto al uso de la prescripción adquisitiva para obtener la propiedad de inmuebles, Duarte explicó que esta figura jurídica existe en el Código Civil, pero únicamente procede cuando se cumplen estrictamente los requisitos legales, como la posesión pacífica, continua y de buena fe durante los plazos establecidos, que pueden ser de cinco o diez años, dependiendo del caso.
Asimismo, reconoció que el Poder Judicial del Estado ha fortalecido la vigilancia sobre este tipo de procedimientos. Indicó que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Ismael Fragoso, ha impulsado revisiones internas para detectar expedientes que avanzan con una rapidez inusual, lo que puede representar un foco de alerta para investigar posibles irregularidades. “No puede ser de una manera fast track; hay tiempos que la ley establece y deben respetarse”, sostuvo.
