Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y organizaciones defensoras de derechos humanos rechazaron las acusaciones sobre un presunto financiamiento de grupos opositores para participar en movilizaciones realizadas durante la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026, y exigieron al gobierno federal frenar lo que calificaron como actos de criminalización y represión en contra de las familias buscadoras.
A través de un pronunciamiento conjunto, organizaciones como DATACIVICA, Fundar, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) y Luz de Esperanza señalaron que entre el 4 y el 11 de junio familiares de personas desaparecidas realizaron protestas pacíficas en distintos puntos del país para visibilizar la crisis de más de 134 mil personas desaparecidas en México.
Según las organizaciones, en lugar de atender las demandas relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas, las autoridades respondieron con despliegues policiales, encapsulamientos de manifestantes y citatorios judiciales. Entre los casos denunciados se encuentra la retención de contingentes y operativos de seguridad implementados durante las movilizaciones realizadas en el contexto del Mundial.
Las críticas se intensificaron luego de que, durante la conferencia matutina del 11 de junio, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, pusiera en duda la legitimidad de algunas de las protestas y afirmara que ciertos colectivos de Jalisco presuntamente recibieron apoyo económico de opositores al gobierno para trasladarse a las movilizaciones realizadas en la Ciudad de México.
Las familias buscadoras rechazaron categóricamente esas afirmaciones y sostuvieron que insinuar intereses ajenos detrás de sus protestas constituye una forma de estigmatización pública que incrementa los riesgos que enfrentan quienes participan en labores de búsqueda. Asimismo, denunciaron que en Puebla integrantes del colectivo Voz de los Desaparecidos fueron encapsuladas por cientos de elementos antimotines cerca del Estadio Cuauhtémoc, donde reportaron empujones y afectaciones durante la movilización.
En su posicionamiento, los colectivos exigieron el cese inmediato de declaraciones y acciones que criminalicen la protesta social, garantías para ejercer su derecho a manifestarse y respuestas concretas a las demandas de localización, verdad y justicia. “Las familias buscadoras no son un problema de seguridad pública ni un asunto de financiamiento político. Son víctimas que exigen lo que el Estado les debe: verdad y justicia”, señalaron al concluir el pronunciamiento.
