El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha el programa semanal “Derecho de Réplica”, un nuevo espacio de difusión oficial desde el que se responderá a informaciones que la administración federal considere falsas o inexactas, utilizando datos proporcionados por dependencias gubernamentales.
La emisión es conducida por Luisa María Alcalde, recientemente nombrada titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, quien explicó que el proyecto surge por instrucción de la mandataria federal y tiene como objetivo combatir campañas de desinformación sin recurrir a mecanismos de censura. Según dijo, el propósito es contrastar “noticias falsas” y “dichos falsos” con información oficial.
Durante el primer programa, transmitido desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, se analizaron publicaciones difundidas por el diario Reforma y por el espacio radiofónico de la periodista Azucena Uresti. Alcalde aseguró que el Gobierno no busca confrontar a periodistas o medios de comunicación, sino presentar datos que permitan a la ciudadanía contrastar versiones.
La funcionaria sostuvo que el derecho de réplica tiene una función social y democrática, respaldada por criterios recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Argumentó además que el Estado tiene la obligación de informar cuando considere que una institución pública es objeto de información falsa o imprecisa.
Entre los casos abordados se incluyó una publicación sobre una auditoría al IMSS-Bienestar y una entrevista relacionada con el impacto económico de la violencia en Sinaloa. Funcionarios federales rechazaron ambas versiones y presentaron datos para sostener que la información difundida carecía de sustento o contenía interpretaciones equivocadas.
Alcalde también señaló que el programa dará seguimiento a campañas de desinformación en redes sociales y a la articulación de grupos opositores nacionales e internacionales. Cuestionada sobre la posibilidad de que medios de comunicación recurran a acciones legales por ser señalados en este espacio, respondió que el Gobierno mantendrá el proyecto y defenderá su derecho a presentar aclaraciones públicas.
