Ángel Ramírez / mx.aramirez@gmail.com
Participan 690 servidores públicos de 30 entidades federativas en una capacitación especializada sobre derechos de niñas, niños y adolescentes y el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Con la participación de 690 servidoras y servidores públicos de 30 estados de la República, inició de manera virtual el Diplomado en Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: Herramientas Jurídicas e Institucionales, una estrategia nacional orientada a fortalecer la capacitación de quienes intervienen en la defensa y restitución de derechos de la infancia.
La presidenta del Sistema DIF Baja California, Mavis Olmeda García, destacó que este ejercicio académico surge del convenio de colaboración firmado en marzo pasado entre el DIF Nacional, el Gobierno de Baja California y la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), en el marco de la Estrategia Nacional para el Fortalecimiento de las Familias.
La capacitación, que se desarrollará del 20 de mayo al 10 de noviembre de 2026, tiene como objetivo fortalecer el conocimiento práctico del funcionariado encargado de aplicar el Sistema de Protección Integral, mediante una visión interdisciplinaria y con enfoque de derechos humanos.
“Este diplomado no es sólo un programa académico; es un instrumento de política institucional diseñado para cerrar brechas de formación, unificar criterios y potenciar capacidades operativas ante contextos complejos como la violencia, el abandono, los riesgos digitales y la movilidad humana”, afirmó Olmeda García durante el arranque virtual.
Por su parte, la procuradora federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Fabiola María Salas Ambriz, subrayó que la profesionalización permanente de los equipos multidisciplinarios es indispensable para cumplir con las disposiciones del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual establece que toda actuación jurídica relacionada con la niñez debe ser atendida por personal especializado.
En tanto, el rector de la UABC, Luis Enrique Palafox Maestre, reiteró el compromiso de la máxima casa de estudios con la promoción de políticas públicas enfocadas en el bienestar social y la protección de los derechos humanos. “La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes es parte de los principios de la responsabilidad social que rige también a las universidades”, expresó.
El programa académico contempla módulos sobre el marco jurídico e histórico de los derechos de la niñez y adolescencia, la operatividad de las Procuradurías de Protección y del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), así como acceso a la justicia, enfoques transversales y procedimientos para la restitución de derechos.
