Una exfiscal federal explica que, pese a existir acusaciones en Estados Unidos, la extradición depende no solo de pruebas legales, sino de una decisión final del gobierno mexicano, lo que podría alargar o incluso frenar el proceso
Sinaloa (NDT).- La solicitud de extradición contra 10 funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador en funciones, ha abierto un escenario complejo donde no solo pesan los elementos jurídicos, sino también los factores políticos y diplomáticos entre México y Estados Unidos.
De acuerdo con la abogada penalista y exfiscal federal, Bárbara Llanes, el proceso de extradición está sustentado en un tratado vigente desde 1978, el cual exige requisitos claros: identificación precisa del acusado, descripción detallada del delito, orden de arresto vigente y pruebas suficientes que acrediten causa probable.
Uno de los puntos clave es el principio de doble incriminación, es decir, que el delito por el que se acusa en Estados Unidos también debe estar tipificado en México. Sin este requisito, la extradición simplemente no procede, independientemente de la gravedad de las acusaciones.
Sin embargo, incluso si el expediente cumple con todos los elementos legales, la decisión final no recae únicamente en un juez. El Poder Ejecutivo mexicano tiene la facultad de autorizar o negar la extradición por razones políticas, diplomáticas o de interés nacional, lo que podría explicar la postura reciente de autoridades que señalan falta de pruebas suficientes.
Otra vía posible es que México opte por investigar y procesar a los implicados dentro del país. En ese escenario, la extradición se pausaría mientras las autoridades nacionales determinan si existen elementos para proceder penalmente, un precedente que ya se ha visto en casos de alto perfil.
El caso anticipa una tensión prolongada entre ambos países, ya que la colaboración en materia de seguridad podría verse afectada dependiendo de cómo evolucione la decisión mexicana frente a las presiones internacionales.
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