FGR frena extradición de Rubén Rocha y 10 más; afirma que hay falta de pruebas
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La Fiscalía aseguró que la solicitud enviada por Estados Unidos no acredita urgencia ni pruebas suficientes para ejecutar detenciones provisionales.

TIJUANA, BC, (NDT).- La Fiscalía General de la República rechazó ejecutar una solicitud de detención provisional enviada por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y otras diez personas, al considerar que no existen pruebas suficientes ni razones urgentes que justifiquen la medida.

La petición fue enviada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, dependiente del Departamento de Justicia estadounidense, y canalizada a México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, la FGR aclaró que no se trata de un proceso formal de extradición, sino únicamente de una solicitud cautelar para detener temporalmente a los señalados.

El vocero de la institución, Ulises Lara, explicó que este tipo de acciones implican restricciones a derechos humanos, por lo que deben estar respaldadas por evidencia sólida y elementos de urgencia claramente acreditados.

Luego de analizar el expediente con base en el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos y la Ley de Extradición Internacional, la Fiscalía concluyó que la documentación presentada por el gobierno estadounidense no acredita la necesidad inmediata de ejecutar las detenciones ni aporta pruebas suficientes sobre los delitos señalados.

Ante ello, la dependencia federal informó que solicitará más información, documentos y pruebas complementarias a las autoridades estadounidenses por conducto de la Cancillería mexicana, con el fin de continuar evaluando el caso antes de asumir una postura definitiva.

La FGR también advirtió que hacer públicos detalles relacionados con esta solicitud podría afectar el debido proceso. Además, sostuvo que mantiene investigaciones abiertas en México relacionadas con los hechos mencionados por Estados Unidos.

Finalmente, la institución aseguró que continuará actuando bajo los principios de legalidad, soberanía nacional y respeto a los derechos humanos, reiterando que la justicia se aplicará sin distinciones.