El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Baja California, Juan Manuel Molina García, explicó que el presupuesto del Poder Legislativo estatal contempla tanto al Congreso como a la Auditoría Superior del Estado, lo que implica mayores responsabilidades administrativas, más personal y la operación de 25 diputaciones de distintas fuerzas políticas.
El legislador señaló que dividir el presupuesto total entre el número de diputados no es el parámetro más adecuado para medir el costo de una diputación. Indicó que en Baja California cada legislador representa entre 160 y 170 mil habitantes.
Molina García añadió que la dimensión territorial del estado también influye en la labor legislativa. Recordó además que en legislaturas pasadas se planteó incrementar el número de diputaciones de 25 a 40, lo que, bajo ciertos parámetros aritméticos, habría colocado al Congreso local entre los más “baratos” del país.
El diputado de Morena también lamentó que algunos medios difundieran versiones sobre supuestos bonos o percepciones adicionales. Aclaró que las diputaciones en Baja California perciben 62 mil pesos mensuales y no cuentan con bonos, seguros de vida, aguinaldo, primas vacacionales ni seguridad social.
Finalmente, Molina García expresó que, ante la próxima reforma constitucional anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para homologar presupuestos y percepciones en los congresos del país, el Congreso de Baja California está dispuesto a revisar partidas y eficientar áreas “con responsabilidad”.
Agregó que, en caso de aprobarse los cambios a nivel federal, el Poder Legislativo estatal colaborará en la armonización normativa correspondiente, con el objetivo de garantizar transparencia en el uso de los recursos públicos y mantener el equilibrio entre eficiencia presupuestal y adecuada representación ciudadana.
