El Congreso de la Unión inicia este 1º de febrero un nuevo periodo ordinario de sesiones con una agenda amplia y de alta relevancia legislativa, en la que destacan como ejes centrales la reforma electoral y las reformas laborales, consideradas prioritarias para el bloque oficialista.
Entre los temas principales se encuentra la reforma electoral, que se prevé sea presentada durante la segunda semana de febrero en la Cámara de Diputados. De acuerdo con Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, la propuesta incluirá cambios en el sistema de representación proporcional, particularmente en la elección y posible reducción de diputados plurinominales, además de ajustes relacionados con el desafuero de legisladores.
La iniciativa electoral también contempla empatar la consulta de revocación de mandato presidencial con las elecciones intermedias a partir de 2027, así como una reducción del presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los recursos destinados a los partidos políticos. Asimismo, se plantea la eliminación de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).
En el Senado, uno de los temas que volverá a la discusión es la iniciativa sobre los llamados “jueces sin rostro”, incluida en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Esta propuesta busca establecer un marco jurídico que proteja a las personas juzgadoras, con perspectiva de derechos humanos y congruencia con la reforma constitucional en materia judicial.
Otro asunto relevante será la reducción de la jornada laboral, iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que propone transitar de 48 a 40 horas semanales de manera gradual. El paquete incluye una reforma constitucional y modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para garantizar su implementación progresiva.
Además, el Congreso analizará iniciativas en materia migratoria, como la derogación de la Ley de Migración para expedir la Ley de Migración Humana; la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos; reformas para facilitar la transferencia de tecnología y protección de patentes; así como cambios al Reglamento del Senado para modernizar su funcionamiento e incorporar lenguaje incluyente, además de nuevas reglas para la toma de protesta del Poder Judicial y el impulso a la productividad y competitividad económica del país.
