Por Rodrigo Medeles R.
El cobro de estacionamiento en plazas comerciales de Tijuana se ha convertido en un negocio voraz que opera al amparo de resoluciones judiciales, ignorando de manera abierta el espíritu de la ley y afectando directamente a los consumidores.
Luego de que regidores del XXV Ayuntamiento aprobaran en sesión de Cabildo la gratuidad de los primeros 40 minutos de estacionamiento, como lo establece la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California, información confirmada en instancias jurídicas y registros judiciales, el Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California y juzgados federales admitieron a trámite amparos promovidos por empresas operadoras de estacionamientos, lo que actualmente les permite seguir cobrando desde el primer minuto mientras se resuelve el fondo del asunto.
Este escenario deja en evidencia que las empresas que controlan este lucrativo negocio no buscan el beneficio de sus clientes, sino maximizar ganancias a cualquier costo. Se trata de corporativos que, fuera del margen legal, recaudan millones de pesos diariamente, mientras litigan para mantener privilegios económicos que van en contra del interés público.
Ante este blindaje judicial, la única vía de acción que por ahora ha quedado en manos de las autoridades municipales de la Dirección y Verificación (reglamentos) es la clausura de plumas y sistemas de cobro, tras detectarse múltiples irregularidades en los permisos para operar.
Las inspecciones revelaron falta de permisos de impacto ambiental, deficiencias en medidas de seguridad, acumulación de residuos de manejo especial, presencia de materiales inflamables, cilindros de gas, derrames de aceite, cableado expuesto y fauna nociva en áreas comunes, condiciones que derivaron en clausuras en plazas como Macroplaza y Plaza Río.
Es decir, estos negocios continúan operando sin cumplir con los requisitos básicos de ley, pero aun así tienen el descaro de promover amparos para evitar cumplir una norma que beneficia directamente a los consumidores.
Poco importa que la Ley de Edificaciones de Baja California, reformada en abril de 2025, sea clara al establecer que los centros y plazas comerciales deben otorgar 40 minutos gratuitos de estacionamiento a sus clientes. Con un amparo en la mano, estas empresas podrán prolongar el litigio hasta por cinco años, dejando en suspenso un derecho ya reconocido por la ley.
Mientras tanto, los ciudadanos siguen pagando por estacionarse para consumir, trabajar o realizar trámites, en una ciudad donde el estacionamiento dejó de ser un servicio complementario y se transformó en un negocio abusivo, protegido por tecnicismos legales y una estrategia judicial que privilegia el lucro sobre el bienestar social.
