Durante una sesión extraordinaria de Cabildo, el regidor Arturo Aguirre se convirtió en una de las voces más relevantes en torno a la aprobación del convenio de coordinación administrativa entre el Ayuntamiento de Tijuana y el Gobierno del Estado, destinado a fortalecer la recaudación del Impuesto Predial. El acuerdo, respaldado también por el alcalde Ismael Burgueño, busca mejorar la capacidad financiera del municipio para ampliar servicios públicos y obra social.
Aguirre defendió con firmeza que este convenio no representa una cesión de facultades ni la entrega del predial a otra autoridad, como han sugerido sectores críticos. Por el contrario, aclaró que se trata de un mecanismo “de fortalecimiento municipal” que permitirá atender la cartera vencida y los adeudos históricos que el Ayuntamiento no ha logrado cobrar con los métodos actuales.
“Aquí no se trata de cobrarle más a la gente cumplida, sino de recuperar recursos que hoy simplemente no entran”, enfatizó.
El regidor explicó que la participación del Gobierno del Estado será únicamente técnica y jurídica, y siempre bajo instrucción del municipio, lo que permitirá acceder a herramientas que la administración local actualmente no posee. Subrayó además que la facultad del cobro del predial se mantiene estrictamente en manos del Ayuntamiento y que el Estado solo coadyuva para ejecutar los cobros más complejos.
Aguirre también destacó que este esquema podría abrir la puerta a recursos federales no aprovechados hasta ahora y generar un ingreso adicional estimado en 200 millones de pesos. Dichos recursos, señaló, se traducirán en “más capacidad financiera, más margen de acción y menos presión sobre la ciudadanía que sí cumple”.
Además del convenio, el Cabildo aprobó reformas al reglamento de la Sindicatura Procuradora y ajustes al programa de inversión FAISMUN 2025, orientados a impulsar obras prioritarias en distintas comunidades de Tijuana. También se avalaron reformas constitucionales, incluida la que garantiza transporte público seguro y gratuito para mujeres, niñas y niños menores de 12 años, como parte del esfuerzo por fortalecer políticas sociales en la ciudad.