La operación inmobiliaria por la que Jesús Alejandro Ruiz Uribe recibió más de 11 millones de pesos, y que omitió en sus declaraciones patrimoniales, pone al exdelegado federal en el centro de la incongruencia.
Mientras se “vendía” como guardián de la transparencia y los padrones “sin intermediarios”, dejó fuera del registro oficial una transacción millonaria con quien fue director de la desalinizadora en la administración panista de Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid.
El terreno, de tres mil 682 metros cuadrados en Mexicali, fue adquirido por Altitud 3 Inmobiliaria, propiedad de Milton Adán Rubio Díaz, mediante un contrato firmado en junio de 2023 que contempló un anticipo de 100 mil pesos, un pago adicional de 2.1 millones y siete depósitos de 1.2 millones a una cuenta Banorte del padre del exdelegado, fallecido semanas después.
Lo llamativo es que Rubio fue titular de Aguas de Rosarito, empresa creada por Kiko Vega para operar el fallido proyecto de una desaladora en Playas de Rosarito.
Aunque en el predio ya se construyen 46 departamentos con precios entre 2.7 y cinco millones de pesos, Ruiz Uribe no reportó la operación en sus declaraciones de 2023, 2024 y 2025. En todas señaló que no enajenó bienes y continuó registrando el terreno como propio, con un valor declarado de apenas 2.9 millones de pesos.
La contradicción es clara si es comparada con el discurso que promovía desde Bienestar sobre la depuración de padrones y la “nueva ética pública”.
Mientras desde el gobierno defendía un manejo riguroso y austero de los recursos, mantuvo fuera de su declaración un ingreso millonario cuyo origen quedó sin documentar oficialmente.
De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, omitir información patrimonial relevante constituye una falta grave. Puede configurarse como enriquecimiento oculto, sancionable con destitución del cargo, inhabilitación de hasta 10 años para ejercer funciones públicas y multas proporcionales al monto no declarado.
El caso podría derivar en un procedimiento administrativo de alto impacto, dada la magnitud del ingreso omitido y la reiteración de la omisión durante tres años consecutivos.