La figura de revocación de mandato no podrá aplicarse en Baja California en los próximos años, pese a estar contemplada en la Constitución estatal. Así lo afirmó Luis Alberto Hernández Morales, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), quien señaló que la falta de una Ley Reglamentaria impide que el mecanismo pueda operar.
De acuerdo con el consejero, corresponde exclusivamente al Congreso del Estado emitir la norma necesaria para establecer el procedimiento, plazos y requisitos. Sin esa legislación, dijo, el Instituto no puede poner en marcha el proceso. “La autoridad administrativa no hace la ley”, subrayó.
Hernández Morales explicó que, aunque el IEEBC puede generar lineamientos cuando el Legislativo no actúa, en este caso la ley es indispensable para definir cómo se reunirán firmas, cómo se verificará su autenticidad y cuál será el método para organizar la consulta ciudadana. El Instituto tampoco puede emitir nuevas disposiciones dentro de los 90 días previos a un proceso electoral.
Por estas razones, estimó que la primera oportunidad real para aplicar la revocación de mandato sería en 2033, durante la siguiente gubernatura, siempre y cuando los legisladores aprueben la normativa pendiente. “Tal como está la Constitución, sí, salvo que hubiera un cambio de ley”, apuntó.
El consejero recordó que el diseño constitucional estatal establece que el órgano administrativo debe acatar lo que disponga el Congreso, que hasta ahora no ha atendido esta responsabilidad. La ausencia de reglas operativas mantiene el mecanismo en pausa.
Respecto a la figura de revocación de mandato a nivel federal, Hernández Morales señaló que no corresponde al IEEBC, sino al Instituto Nacional Electoral (INE), donde el Congreso de la Unión analiza adelantar su aplicación para 2028.
Como parte del contexto, especialistas han señalado que la falta de esta legislación ha generado incertidumbre ciudadana sobre el ejercicio de control democrático, lo que incrementa la presión sobre el Congreso local para definir un marco normativo claro y oportuno.