El diputado Alejandro Bautista Tafolla encendió el debate público tras lanzar una inusual convocatoria dirigida a los ciudadanos: denunciar ante la Fiscalía a familiares involucrados en delitos, a cambio de un apoyo económico que puede alcanzar los 10 mil pesos.
En un mensaje difundido en redes sociales, Bautista afirmó que “la paz empieza en casa” y pidió romper el círculo de protección a personas que cometen robos, asaltos, venta de mercancía ilícita o actividades ligadas al crimen organizado.
El legislador ofreció un estímulo económico para quienes formalicen la denuncia y obtengan un folio oficial:
- $5,000 pesos por delitos comunes comprobables.
- $10,000 pesos por delitos de mayor gravedad.
La propuesta ha generado cuestionamientos inmediatos, sobre todo por la poca confianza que existe en las Fiscalías estatal y federal, instituciones señaladas por presuntas filtraciones de información.
Diversos colectivos ciudadanos y expertos en seguridad han documentado casos donde investigaciones privadas, denuncias y datos personales terminan expuestos públicamente, incluso antes de que se judicialicen.
Este tipo de filtraciones puede poner en riesgo directo al denunciante, especialmente en contextos donde los propios funcionarios son acusados de tener vínculos o intereses cruzados.
En Baja California, estos episodios de fuga de información no son nuevos, y han provocado que muchas víctimas eviten acercarse a las instituciones encargadas de investigar delitos.
Aunque Bautista asegura que el proceso se manejará “con discreción y respeto”, especialistas advierten que pedir a un ciudadano denunciar a un familiar sin garantías reales de protección podría desencadenar represalias, fracturas familiares y exposición del denunciante ante grupos criminales.
Aun así, el diputado insiste en que la ciudadanía debe asumir un papel valiente. “Es mejor visitar a un familiar en la cárcel que en el panteón. Estás a tiempo”, señaló.
La discusión apenas comienza, pero la propuesta ya dividió opiniones entre quienes la ven como un golpe contra la impunidad y quienes la consideran riesgosa, imprudente y alejada de la realidad institucional del estado.