La reciente disposición del gobierno de Donald Trump, referente a la inspección masiva de más de 55 millones de visas activas, abrió una discusión sobre aspectos legales, derechos humanos y respeto al debido proceso.
El programa, denominado “continuous vetting”, tiene como propósito identificar incumplimientos que puedan ocasionar la cancelación de visas o, en algunos casos, la deportación de extranjeros. Los criterios incluyen estancia prolongada, antecedentes penales, amenazas a la seguridad o nexos con grupos terroristas.
La abogada especialista en migración, Josefina Orozco, indicó que esto “se trata de una política inédita por su magnitud, que ya ha derivado en la cancelación de miles de visas estudiantiles y en la suspensión de algunas visas de trabajo”.
Orozco explicó que la normativa estadounidense contempla la facultad legal para revocar visas cuando los requisitos dejan de cumplirse, aunque advirtió que la escala masiva del plan genera incertidumbre sobre la oportunidad de defensa y los mecanismos de apelación.
Entre los riesgos señalados destacó la posibilidad de que factores como la militancia política, publicaciones en redes sociales o la procedencia nacional de los solicitantes sean utilizados como criterios, generando potenciales actos de discriminación.
“Estamos frente a un escenario que genera gran incertidumbre para millones de personas con estatus legal en el país, ya que esta política puede provocar errores administrativos, retrasos en trámites y un clima de miedo”, expresó.
La especialista recomendó a los titulares de visas temporales o de turista revisar con frecuencia su estatus, cumplir estrictamente con las condiciones migratorias y conservar evidencia documental de su historial laboral y familiar en el país.
Finalmente, advirtió que, ante una notificación de revocación, es fundamental acudir inmediatamente con un abogado especialista en migración para analizar las alternativas legales disponibles y garantizar la protección de los derechos correspondientes.