El pasado jueves, la jueza federal Kathleen Williams instruyó detener el envío de migrantes al centro de detención en los Everglades, conocido como “Alcatraz de los caimanes”, y ordenó desmantelar varias estructuras instaladas.
La resolución concedió 60 días a autoridades estatales y federales para reubicar a los detenidos y comenzar el retiro de cercas, sistemas de iluminación, generadores eléctricos y demás materiales, prohibiendo también edificar nuevas instalaciones en el sitio.
El fallo representa un retroceso judicial para el primer centro estatal que aloja migrantes bajo custodia federal, el cual enfrentaba denuncias por condiciones reportadas y procesos legales pendientes, sin embargo, el estado anunció un recurso de apelación.
Williams determinó que las administraciones estatal y federal violaron la Ley Nacional de Política Ambiental al omitir una revisión ecológica previa al proyecto, por lo que la medida cautelar parcial responde a demandas de ambientalistas y la tribu miccosukee.
La jueza señaló que la construcción pone en riesgo humedales y a comunidades que dependen del agua de los Everglades: “El proyecto crea daños irreparables en forma de pérdida de hábitat y aumento de la mortalidad de especies amenazadas”, escribió.
El gobierno de Donald Trump había defendido que no aplicaba la normativa ambiental porque el centro, pese a albergar detenidos federales, estaba bajo administración estatal, inclusive el gobernador Ron DeSantis sostuvo que existía un convenio de competencias.
Williams concluyó que, al depender de financiamiento y directrices federales, el centro debía ajustarse a leyes ambientales nacionales. “Si camina como un pato, grazna como un pato y parece un pato, entonces es un pato”, escribió.
El grupo ambientalista Friends of the Everglades calificó la resolución como un logro histórico. Su directora, Eve Samples, afirmó: “Envía un mensaje claro de que las leyes medioambientales deben ser respetadas (…) e ignorarlas tiene consecuencias”.