Las autoridades de Estados Unidos anunciaron la implementación de un nuevo filtro migratorio enfocado en identificar actitudes catalogadas como “antiestadounidenses”, lo que generó cuestionamientos respecto al alcance de la medida y sus implicaciones jurídicas.
Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) informaron que los agentes deberán considerar si un solicitante de beneficios migratorios “apoyó, promovió, respaldó o de alguna otra manera defendió” posturas antiestadounidenses, terroristas o antisemitas.
“Los beneficios de Estados Unidos no deberían otorgarse a aquellos que desprecian al país y promueven ideologías antiestadounidenses”, indicó Matthew Tragesser, vocero de la agencia, quien además agregó que vivir y trabajar en el país “sigue siendo un privilegio, no un derecho”.
Activistas han mostrado preocupación de que esta actualización permita interpretaciones subjetivas, ya que no se ha definido con precisión qué comportamientos constituyen ser antiestadounidense, calificado a la medida como arbitraria.
Los cambios se suman a otras medidas adoptadas desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, entre ellas la revisión de redes sociales y la evaluación del “buen carácter moral” para solicitantes de naturalización.
Sobre la constitucionalidad de la política, defensores de DDHH han expresado que los derechos de la Primera Enmienda no se extienden a personas extranjeras fuera del país. Sin embargo, otros consideraron que la Constitución protege a cualquier individuo dentro del territorio estadounidense.
Abogados especializados en migración recomendaron ajustar expectativas frente a este panorama, pues el gobierno, elegido democráticamente, tiene la capacidad para interpretar sus propias reglas.