El Gobierno del Estado reiteró su compromiso con la legalidad y la libertad de expresión, luego de los señalamientos en medios de comunicación tras la manifestación ocurrida durante la conferencia matutina del pasado 6 de agosto en la capital del estado. El Secretario General de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, aclaró que la actuación de la administración estatal no corresponde a un hecho de censura ni de intimidación hacia periodistas o medios de comunicación.
El funcionario precisó que la solicitud realizada a la Fiscalía tuvo como único propósito que se esclareciera, a través de las vías institucionales, la afirmación de una periodista que señaló que una licitación pública habría sido adjudicada a una empresa supuestamente ligada al crimen organizado. Ante la naturaleza del señalamiento, se dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR) por tratarse de un asunto de competencia federal.
Álvarez Cárdenas detalló que esta medida busca garantizar imparcialidad y evitar cualquier intervención del Gobierno del Estado en la investigación. En paralelo, la gobernadora instruyó a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a iniciar una revisión exhaustiva sobre la legalidad del procedimiento de licitación en cuestión, investigación que comenzó hace poco más de una semana.
De manera complementaria, la FGR solicitó información tanto a la Secretaría para el Manejo y Protección del Agua (SEPROA) como a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate (CESPTE). Ambas dependencias entregaron la documentación correspondiente, la cual ya se encuentra bajo resguardo de la autoridad federal, que ha decidido mantenerla en confidencialidad para no comprometer el curso de la investigación.
El secretario subrayó que la gravedad del señalamiento obliga a todas las partes involucradas a colaborar con las instancias competentes, proporcionando los elementos necesarios para esclarecer los hechos. En este sentido, insistió en que la transparencia y el debido proceso son prioritarios en la actuación del Gobierno estatal.
Finalmente, Álvarez Cárdenas reiteró que la administración de Baja California mantiene como principio fundamental el respeto irrestricto al Estado de Derecho y a las libertades ciudadanas, en especial la libertad de expresión, a la que calificó como un pilar de la vida democrática del país.