El periódico “The New York Times” reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó de manera reservada una orden ejecutiva que autoriza al Pentágono el uso de la fuerza militar contra cárteles de la droga.
El reportaje, atribuido a Helene Cooper, Maggie Haberman, Charlie Savage y Eric Schmitt, establece que la medida busca frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales hacia Estados Unidos.
Según la publicación, la orden ofrece una base formal para realizar operaciones militares directas en mar y territorio extranjero contra estos grupos, lo que representa una ampliación del papel militar en tareas antes policiales.
Según el diario, fuentes consultadas indicaron que funcionarios del ejército estadounidense han comenzado a desarrollar alternativas sobre la manera en que podrían actuar para perseguir a las organizaciones identificadas por la administración como amenazas.
Sin embargo, durante su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que su gobierno fue notificado previamente de esto y descartó cualquier posibilidad de intervención militar estadounidense en territorio nacional, reiterando que tal acción “está descartada absolutamente”.
Al respecto, Sheinbaum Pardo detalló que las agencias estadounidenses con presencia en México operan bajo estricta regulación y enfatizó que no existe riesgo de invasión, señalando que la cooperación se mantiene, pero sin participación de fuerzas militares extranjeras.
Apenas ayer, la Casa Blanca ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado de colaborar con grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.
En ese sentido, Estados Unidos tiene un largo historial de intervenciones. En 1989 el presidente George H. W. Bush envió más de 20 mil soldados a Panamá para detener a Manuel Noriega, operación que marcó un precedente de acción militar vinculada al combate contra el narcotráfico.
La decisión del gobierno estadounidense plantea interrogantes legales sobre el posible uso de fuerza letal contra civiles y personas que no representan amenaza, bajo el argumento de un supuesto combate al crimen organizado.
Durante su segundo mandato, Donald Trump ha desplegado a la Guardia Nacional y tropas en la frontera sur para reforzar el cruce de drogas y migración, además de clasificar a diversos cárteles venezolanos y mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.