Las mujeres que buscan a sus desaparecidos enfrentan una dura realidad en el país, no solo por las afectaciones que esto provoca, sino también porque, por el simple hecho de realizar esta actividad, son blanco de la violencia y discriminación, según el informe “Desaparecer Otra Vez” de Amnistía Internacional.
El documento señala que al menos 16 mujeres buscadoras murieron mientras realizaban tareas vinculadas a la localización de personas desaparecidas en México entre noviembre del 2023 y mayo del 2024, sin embargo, no fueron los únicos incidentes que sufrieron, pues el 97% de las participantes también refirió haber sido víctima de amenazas, extorsiones, agresiones, desplazamientos forzados, secuestros, tortura, violencia sexual e incluso desapariciones.
Una de cada dos entrevistadas dijo haber enfrentado discriminación por motivos económicos, étnico-raciales, identidad de género, pertenencia indígena, nacionalidad o condición migratoria, además de estigmatización y revictimización institucional y comunitaria.
Otras adversidades a las que tienen que hacer frente las buscadoras son los conflictos familiares tras la desaparición de un ser querido. En ese sentido, el 60% reportó haber pasado por dicha situación, señalando también la falta de sistemas de cuidados que les permitieran continuar con sus tareas como madres y cuidadoras.
Asimismo, 7 de cada 10 mujeres mencionaron padecer trastornos físicos y emocionales como insomnio, depresión, y enfermedades, mientras que 6 de cada 10 declaró haber perdido ingresos económicos y recursos básicos como vivienda, alimentos o transporte.
Pese a las cifras, sólo el 17% indicó haber denunciado formalmente los hechos de violencia, estableciendo que factores como la desconfianza, la percepción de ineficacia y el miedo al crimen organizado fueron las principales razones.
En cuanto a la actuación de las autoridades, las entrevistadas afirmaron haber asumido responsabilidades de competencia del estado como excavaciones y búsquedas en terrenos de riesgo, además, los mecanismos de protección estatales y federales no aplicaron enfoques integrales ni brindaron seguimiento eficaz por lo que éstas quedaron sin atención ni garantías de seguridad adecuadas.
Además de lo anterior, el informe detalla que las buscadoras enfrentan obstáculos para ser reconocidas como víctimas, ya que las ayudas otorgadas por las comisiones estatales de atención fueron percibidas como insuficientes, tardías y sin pertinencia cultural.
En el caso de las buscadoras indígenas o de personas migrantes, el informe detalla que las fiscalías exigieron esperar 72 horas para aceptar denuncias, contradiciendo estándares internacionales.
Según estos testimonios, el Mecanismo de Apoyo Exterior enfrentó limitaciones debido a la falta de tarjetas humanitarias y atención institucional para permitir a las familias de migrantes acceder a territorio mexicano.
Debido a esto, Amnistía Internacional planteó al estado mexicano a reconocer la labor de las mujeres buscadoras y garantizar sus derechos, así como incorporar enfoques de género e interseccionalidad en las políticas públicas con el fin de reducir estas dificultades.
La organización aclara que, para el estudio, fueron recopilados los testimonios de 600 mujeres de 30 estados de México y de países como Guatemala, Honduras y El Salvador, revelando que la búsqueda de desaparecidos es una actividad que debería realizar el gobierno, pero son las buscadoras quienes toman el riesgo ante la falta de acción de las instituciones.