La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, rechazó que la vinculación a proceso de Nabor Medina—exfuncionario relacionado con el proyecto fotovoltaico Next Energy—obedezca a persecución política y afirmó que el objetivo es “recuperar recursos públicos”, no emprender vendettas. Así respondió a la carta en la que Medina se declaró “perseguido político” tras ser detenido y presentado ante un juez el lunes.
Medina enfrenta cargos por abuso por retención en un contrato firmado durante la pasada administración para construir una planta solar que nunca se concretó. De acuerdo con el gobierno estatal, el proyecto carecía de permisos de la Secretaría de Energía; aun así, como garantía se comprometieron participaciones federales de Baja California.
Ávila Olmeda explicó que la administración buscó anular el contrato y recuperar una primera partida de 123 millones de pesos retenida por Banco Afirme. Un tribunal mercantil ordenó devolver esos fondos al estado, pero la institución financiera no ha cumplido, señaló la mandataria.
La gobernadora advirtió que, de no haberse interpuesto recursos legales, la retención se habría multiplicado: “Hoy hablaríamos de más de 5 mil millones de pesos comprometidos por algo que no se va a construir”. Calcula que la terminación total del contrato habría costado hasta 37 mil millones.
El consejero jurídico del estado, Juan José Pon, puntualizó que la detención de Medina obedece a un mandato judicial tras varias citaciones incumplidas y que el exfuncionario estuvo prófugo dos años, incluso solicitando asilo político en Estados Unidos. “El proceso ha sido legal, justo y paciente”, afirmó.
Pon agregó que Medina otorgó poderes para demandar mercantilmente al gobierno y evitar la devolución de los 123 millones de pesos, además de permitir que continuara la afectación a las participaciones federales.
“Tiene la obligación de emprender las gestiones necesarias para restituir esos recursos”, remarcó.
Ávila Olmeda concluyó que su administración mantendrá las acciones legales hasta lograr la restitución íntegra del dinero público. “No es un tema político —insistió—, es un asunto patrimonial de las y los bajacalifornianos; esperamos que el caso se resuelva pronto en beneficio del estado”.
