La Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado de Baja California rechazó la Cuenta Pública 2023 del Ayuntamiento de Tijuana, correspondiente a la gestión de la ex alcaldesa Montserrat Caballero.
El dictamen, aprobado en sesión de este martes, obliga a que las observaciones financieras pasen ahora a instancias de fiscalización y, de proceder, a autoridades administrativas o penales.
El informe de los legisladores destaca que la negativa abre la puerta a sanciones que van desde inhabilitaciones temporales hasta responsabilidades civiles y penales para funcionarios involucrados, dependiendo de la gravedad de las irregularidades detectadas. Si bien la exalcaldesa abandonó el cargo en octubre de 2024, la revisión de su último ejercicio fiscal permanecía pendiente en el Congreso.
Entre los hallazgos más graves figura la adjudicación directa de contratos a siete proveedores por 210 millones de pesos, pese a que debieron licitarse públicamente. La práctica se calificó como “recurrente” y violatoria de la normatividad de adquisiciones, expuso la comisión.
Asimismo, se detectó que el administrador de la Presidencia Municipal cobró en cheques a su nombre de poco mas de 13 millones de pesos por supuestos reembolsos de caja chica y transfirió 11 millones a un solo proveedor de “consultorías administrativas”, sin expediente de contratación que justifique la erogación.
Otra observación se refiere a los 22 subsidios canalizados a través del Fideicomiso Fondos Tijuana. Cuatro asociaciones recibieron 24.1 millones para 11 proyectos aprobados simultáneamente, práctica que contraviene los criterios de asignación escalonada. Además, dos organismos con adeudos anteriores obtuvieron 10 y 7.5 millones de pesos pese a no ser elegibles, y dos más recibieron 4.1 millones para proyectos ajenos al desarrollo económico municipal.
En materia tecnológica, el municipio adquirió e implementó el Sistema Unificado de Armonización Contable REGER‑GRP por más de 92 millones de pesos. El dictamen advierte que la plataforma genera “inconsistencias” contables y presupuestales y recuerda que la administración ya había comprado otro sistema armonizado al inicio del trienio.
Cabe resaltar que, por la compra del software se presentó una denuncia ante la Fiscalía Estatal de la Honestidad y la Función Pública, donde se investiga un posible daño patrimonial. La comisión subrayó que, aunque este punto no registra reincidencia, la cuantía y la duplicidad del gasto ameritan seguimiento.
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Finalmente, la decisión del Congreso de reprobar la Cuenta Pública 2023 no solo representa un fuerte revés político para la ex alcaldesa Monserrat Caballero, sino que también abre la puerta a posibles consecuencias legales.
Al no validarse su gestión financiera, el proceso de revisión queda abierto a investigaciones adicionales que, según la gravedad de las observaciones, podrían derivar en sanciones administrativas, inhabilitaciones temporales o incluso en procedimientos penales.
El dictamen marca así un precedente importante en la rendición de cuentas del ejercicio público en Baja California.